El Tribunal Supremo Aclara:
El Tribunal Supremo Aclara Cuándo Cortar el Agua o la Luz a un Ocupante Ilegal no Constituye un Delito
La ocupación ilegal de viviendas continúa siendo una de las cuestiones que más conflictos genera entre propietarios y ocupantes. Durante años, una de las principales dudas ha sido si el titular de un inmueble podía dejar de pagar o solicitar la baja de los suministros de agua, electricidad o gas sin incurrir en un delito de coacciones.
El Tribunal Supremo ha abordado esta cuestión en su Sentencia 426/2026, de 24 de junio, fijando un criterio que unifica la doctrina existente hasta el momento. La resolución establece que, como regla general, el propietario de una vivienda ocupada ilegalmente no comete un delito de coacciones si decide dejar de asumir el coste de los suministros cuando quien ocupa el inmueble carece de cualquier título legítimo para permanecer en él.
La decisión del Alto Tribunal pone fin a la disparidad de criterios que existía entre distintas Audiencias Provinciales, ofreciendo una referencia clara para futuros procedimientos judiciales relacionados con la ocupación ilegal.
No obstante, la propia sentencia insiste en que esta conclusión no puede aplicarse de forma automática a cualquier situación. El elemento determinante será siempre si la persona que ocupa la vivienda tiene o no un derecho legítimo de posesión.
Curiosamente, la doctrina no nace de un procedimiento relacionado con la ocupación ilegal de una vivienda, sino de un conflicto familiar derivado de un proceso de divorcio.
En el caso analizado, un hombre que figuraba como titular del contrato eléctrico decidió cancelar el suministro de la vivienda familiar mientras su esposa seguía residiendo en ella durante el procedimiento de separación. Como consecuencia, la vivienda permaneció varios días sin electricidad.
Tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia Provincial consideraron que esa conducta constituía un delito de coacciones, criterio que finalmente confirmó el Tribunal Supremo.
Sin embargo, el Pleno de la Sala Segunda aprovechó este recurso para fijar una doctrina general sobre los límites entre la ocupación ilegal y aquellas situaciones en las que la persona ocupa legítimamente el inmueble.
Respecto a la ocupación ilegal, el Tribunal considera que cuando quien permanece en la vivienda ha accedido a ella sin ningún título que justifique su posesión, el propietario no está obligado a mantener activos ni a seguir financiando los suministros básicos del inmueble.
La sentencia fundamenta esta conclusión en varios argumentos jurídicos. En primer lugar, recuerda que el delito de coacciones exige actuar sin autorización, circunstancia que difícilmente puede apreciarse cuando es el propio propietario quien decide sobre contratos de suministro que están a su nombre.
En segundo lugar, el Tribunal entiende que el ordenamiento jurídico no puede convertir al propietario en responsable económico de quienes ocupan ilegalmente su vivienda, obligándole a asumir indefinidamente el coste de servicios esenciales.
Además, mantener esos suministros supondría permitir un enriquecimiento injusto del ocupante, quien disfrutaría gratuitamente de servicios sufragados por el legítimo titular del inmueble.
Ahora bien, el criterio cambia completamente cuando quien reside en la vivienda dispone de un derecho reconocido para hacerlo, aunque exista un conflicto judicial pendiente.
En este supuesto, el Tribunal Supremo considera que utilizar el corte deliberado de suministros para presionar a la otra persona o forzar su abandono puede constituir una forma de coacción, ya que afecta directamente a su libertad de decisión y a sus condiciones básicas de habitabilidad.
Por ello, en procedimientos de divorcio, separación, conflictos familiares o cualquier otra situación en la que exista un título legítimo de posesión, corresponde a los tribunales resolver quién tiene derecho a utilizar la vivienda, sin que una de las partes pueda recurrir a medidas de presión mediante la suspensión de servicios esenciales.
La sentencia también recuerda que la existencia de un contrato de suministro a nombre del propietario no le otorga automáticamente la facultad de privar del servicio a quien ocupa legítimamente el inmueble.
Aunque la decisión fue adoptada por mayoría, cuatro magistrados formularon un voto particular al considerar que el concepto de coacciones utilizado por la mayoría amplía excesivamente el ámbito del Derecho Penal y que este tipo de conflictos deberían resolverse, preferentemente, por la vía civil o familiar.
En cualquier caso, la doctrina fijada por el Tribunal Supremo establece una pauta clara: no puede equipararse la ocupación ilegal de una vivienda con aquellas situaciones en las que existe un derecho legítimo de posesión. Esa diferencia será la que determine si el corte de suministros puede tener o no consecuencias penales.
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