¿Alquilas un apartamento turístico?

Pero esta nueva regulación no sustituye las garantías que ya ofrecía la Directiva 93/13/CEE, una de las normas más importantes en materia de protección de consumidores frente a cláusulas abusivas. Gracias a esta directiva, cualquier condición contractual que genere un desequilibrio importante entre las partes y perjudique al consumidor puede ser declarada nula.

Además, la normativa exige que todas las condiciones del contrato estén redactadas de forma clara y comprensible. En caso de duda, la interpretación siempre deberá favorecer al consumidor.

Otro aspecto importante afecta a las comunidades de propietarios. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya había reconocido la posibilidad de limitar o incluso prohibir la actividad de alquiler turístico mediante acuerdo comunitario. Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, esta exigencia se refuerza, de forma que el propietario deberá contar previamente con la autorización expresa de la comunidad de propietarios, aprobada por la mayoría legalmente establecida, antes de destinar la vivienda a esta actividad.

Más allá de estas obligaciones administrativas, también es fundamental revisar cuidadosamente las condiciones del contrato antes de confirmar una reserva. No todas las cláusulas que aparecen en estos contratos son válidas desde el punto de vista legal.

Por ejemplo, pueden considerarse abusivas aquellas cláusulas que impidan al consumidor presentar reclamaciones una vez realizado el check-in, las que exoneren totalmente de responsabilidad al propietario o a la plataforma ante cualquier incidente, las que permitan retener la fianza sin una justificación objetiva, las que atribuyan únicamente a la empresa la interpretación del contrato o aquellas que permitan modificar unilateralmente las condiciones de la reserva sin previo aviso.